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La desigualdad de armas se patentiza

Dentro del Ministerio Público. (Foto de archivo) Dentro del Ministerio Público. (Foto de archivo)

- PISTOLAS VS CERBATANAS - 

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal, viene generando hacia el interior del Ministerio Público algunos cortocircuitos desde hace bastante tiempo. Las disidencias y la enorme diferencia de estructuras entre la defensa y la Fiscalía, ya generó las primeras discusiones públicas y dejaron ver lo que a puertas cerradas es un secreto a voces.


Por Mariano Colombo
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El Ministerio Público enfrenta el más grande desafío a partir de la aplicación del sistema acusatorio que plantea el nuevo Código Procesal Penal. La investigación de los delitos está en manos de los fiscales y los jueces sólo ejercen el poder resolutivo, la decisión final de cada uno de los expedientes.

En honor a ello, se dotó a las Fiscalías de enorme cantidad de personal, fiscales, fiscales adjuntos, edificio, recursos, asistentes técnicos, peritos y una relación casi directa con la policía rionegrina. En contrapartida, las defensorías no modificaron en nada su estructura.

Bajo la conducción de dos fiscales jefes, en Bariloche funcionan cinco Unidades Fiscales Temáticas, con seis fiscales, en algunos casos asistidos por fiscales adjuntos, asesores letrados y un puñado de empleados para cada uno. Todos trabajan en un edificio de tres plantas que estrenaron, con novecientos metros cuadrados adecuados correspondientemente a los criterios de trabajo propuestos.

A diferencia de ello, las defensorías penales siguen trabajando en una porción del cuarto piso del edificio de tribunales. Sólo un ala del edificio basta para albergar a tres defensores que debe provee el Estado a quien no puede pagar su propio abogado. Ninguno tiene defensor adjunto, ni asistentes letrados y en total, no disponen de más de diez empleados. Los últimos que llegaron al sector, no tienen ni sillas ni escritorios donde laborar. Un cuarto defensor se ocupa exclusivamente de la defensa en instancia de ejecución de la pena.

Está claro que cuando se habla de cantidad no se habla de calidad y ello aplica para los dos lados. Pero ayuda al intento de comprender ciertas incongruencias. En la actualidad el edificio Pilmayquen es reformado y readecuado para disponer de cinco salas que permitan la realización de ese mismo número de audiencias de manera simultánea. Sin concursos pendientes ni a la vista para nombrar más defensores, las cinco audiencias simultáneas sólo pueden existir en los sueños de algún afiebrado.

Pero además, los defensores siguen siendo subordinados de la Procuración General. Es decir, que quienes acusan a las personas por un delito, los fiscales, tienen el mismo jefe que quienes deben defenderlas, los defensores. Y si unos tienen presupuesto, personal, infraestructura, asistencia y los otros poquito y nada, el resultado sólo puede ser uno.

Todavía en la etapa preparatoria de la aplicación de la Reforma, fiscales de toda la provincia fueron llevados a otras provincias en las que ya rige el sistema acusatorio, para que “aprendieran” cómo funcionaba en otras jurisdicciones el sistema. Los defensores no fueron llevados a ningún lado. Fuentes consultadas afirmaron que desde la creación de la Oficina de Gestión Judicial, encargada de coordinar y aceitar la maquinaria para el desarrollo de las audiencias orales, hubo reuniones con todos los jueces y con todos los fiscales. A los defensores, en cambio, no los consideraron.

“Igualdad de armas”, pidió enfático el defensor oficial Marcelo Álvarez Melinger en una audiencia oral y pública desarrollada bajo el flamante sistema procesal, rompiendo el tono monocorde y su tranquilidad habitual demostrada en más de veinte años de ejercicio de la defensa pública. Del otro lado, fiscales y fiscales adjuntos, sacaban número para contestarle. La escena fue silenciada por el juez que presidía la audiencia, pero continuó en los pasillos. Y se repitió en todas las audiencias orales que se desarrollaron desde el primer día del mes. Un defensor solo, con su asistido, enfrentando a un fiscal que asistió acompañado por jefe, adjunto, asesores y empleados, que ofrecieron consejos y sugerencias a la hora de realizar los planteos fiscales.

Para sumar elementos de destrato, el Ministerio Público tiene en Bariloche desde hace algunos meses una corresponsal de prensa encargada de difundir los actos de los funcionarios. Los comunicados oficiales, celosamente elaborados y revisados por los jefes, no tienen ningún empacho en resaltar la tarea de los fiscales, pero omiten los éxitos defensivos, aún, cuando la labor del defensor público sea destacada por el juez en su resolución. “Tiene la orden de agarrar el reflector y enfocar a los fiscales”, admitió un jefe sobre la tarea del área de prensa, mientras que desde las defensorías reclaman “escriban lo que pasó realmente”. Tan así, que aún cuando la noticia sea la determinación que tomó un juez respecto a una causa, los comunicados oficiales encabezan con la petición realizada por la Fiscalía.

Un periodista avezado acreditado en tribunales locales, espetó días atrás “esto es lo que quieren”, al leer un título que hacía referencia a un caso de condena, apenas horas después de la consumación del hecho. Y pareciera que es el único objetivo de potenciar al máximo posible la estructura fiscal, la parte acusatoria, en desmedro de la parte defensiva. Como una forma de poner a cubierto a los fiscales que ahora tienen “la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos”, mientras la defensa debe conformarse con el olor que emana la parrilla.

Un problema que trascendió fronteras

Las fuertes diferencias entre la procuradora Silvia Baquero Lazcano y la defensora general Rita Custet Llambí no son un secreto, pero tampoco lo son las resoluciones de la Organización de Estados Americanos que establecen que la defensa pública debe tener autonomía y autarquía. Tampoco es secreta la Constitución Nacional que establece al Ministerio Público como un órgano constitucional bicéfalo con las fiscalías por un lado y por las defensas por el otro.

Toda esta cuestión no implica solamente el malestar de los defensores oficiales. En la AIDEF -Asociación Interamericana de Defensorías Públicas- se plantea año a año la situación de Río Negro en los encuentros que se realizan en la ciudad de Washington. Pero además ADEPRA -Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina- ha seguido con preocupación todo el proceso preparatorio para la aplicación de la reforma e intentó a través de diversas vías revertir la desigualdad que acusó Álvarez Melinger con resignación en una audiencia pública, aunque en los pasillos ya era vox populi.

Fernando Lodeiro Martínez, presidente de ADEPRA le dijo a El Cordillerano que pese a los intentos previos por corregir la situación, “las cosas salieron como salieron. No hay igualdad de armas. Se veía venir, iba a pasar y está pasando”, resumió aludiendo al intento de participar en la instancia preparatoria en la Comisión Interpoderes y a los escritos presentados que no fueron ni considerados ni contestados. Con todo, apuntó que el derecho a la defensa de todos los ciudadanos se “afecta absolutamente” y refirió que en otras provincias del país han ido cambiando paulatinamente, aunque en Río Negro parecen no escuchar ni entender los planteos.

La expresión del defensor oficial barilochense en una audiencia pública, obedecía entre otras cosas a que fue notificado de la audiencia de formulación de cargos contra su asistido, un día después de que éste haya sido detenido. Es decir, la Fiscalía tuvo un día de ventaja para avanzar con la investigación, con la súper estructura disponible. Lodeiro Martínez ratificó la posición del defensor, “la defensa tiene que estar desde la hora cero, eso es vital”.

En todo este entuerto que quienes tienen posibilidad de arreglar no han querido arreglar, hay otros aspectos no menos trascendentes de discordia. Uno de ellos es el salarial. Los defensores oficiales cobran el salario equivalente al de los agentes fiscales, aunque a diferencia de éstos no sólo intervienen en la etapa primaria de la investigación, sino que deben ser defensores en instancia de juicio y en forma posterior, pudiendo llegar su trabajo hasta los procesos de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión que en contrapartida, sólo harán los fiscales jefes, cuyo salario es notablemente superior. “La equiparación salarial es una gran lucha”, manifiestan desde ADEPRA.

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