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Seguirá detenido al menos treinta días el acusado de atacar con un machete a su ex pareja

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.

- LE OCASIONO SEVEROS DAÑOS EN EL CRANEO - 

El juez de Garantías Marcos Burgos impuso una prisión preventiva de 30 días para Daniel Marín, un hombre acusado de homicidio agravado por la calificación de femicidio, en grado de tentativa, lesiones leves, violación de domicilio, daños y violación de la restricción perimetral. Además, dispuso un plazo de dos meses para culminar la investigación.

Por Mariano Colombo
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La audiencia se desarrolló este martes a primera hora en los tribunales locales. Daniel Marín fue imputado por la Fiscalía -representada en la audiencia por Guillermo Lista y María Alejandra Bartolomé- de haber ingresado el 31 de diciembre último a la vivienda de la ex pareja, en el barrio Vivero de Bariloche, atacándola y causándole graves heridas. Los informes médicos preliminares son contundentes, la mujer habría sufrido cortes en la cabeza de diez centímetros de profundidad y habría perdido masa encefálica.

El acusado, según la imputación, violó una medida proteccional de prohibición de acercamiento, e ingresó a la casa contra la voluntad expresa de su moradora.

Una vez en el interior, la atacó con un machete intentando darle muerte. Procuró interceder una amiga que se encontraba en el domicilio, pero el imputado también la golpeó con sus puños, le rompió una botella en la cabeza e intentó ahorcarla. La amiga de la ex pareja se encerró en una habitación. El imputado rompió a machetazos la puerta y la agredió nuevamente mientras gritaba que quería matarlas a ambas.

Personal policial de la comisaría 28 se hizo presente y logró la detención del agresor, gracias al llamado a través del botón antipánico que tiene asignada la víctima por reiteradas situaciones de violencia de género.

La ex pareja del imputado tuvo fractura de huesos del cráneo y cortes graves en el cuero cabelludo, que pusieron en riesgo su vida. Actualmente se encuentra internada. La amiga sufrió lesiones tipificadas como leves.

La calificación propuesta por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia fue homicidio agravado por femicidio, en grado de tentativa, lesiones leves, violación de domicilio, daños y violación de la restricción perimetral.

Explicó la Fiscalía que la víctima debió ser intervenida quirúrgicamente. Mencionó la existencia de actas de procedimientos policiales, informes médicos, fotografías del lugar del hecho, la medida de restricción perimetral y diversas testimoniales.

En primer término se abordó el plazo necesario para la investigación. La Fiscalía solicitó un mes. En ese lapso, espera concluir con la pesquisa. El imputado, asesorado por la defensa, se abstuvo de declarar. El defensor no manifestó objeciones sobre la calificación legal en esta etapa. Pidió, en cambio, dos meses para la investigación. Se reservó, igualmente, la posibilidad de que el imputado preste declaración durante ese lapso.

El juez tuvo por validada la calificación legal y autorizó el plazo de dos meses para llevar adelante la investigación.

Finalmente, se abordó la necesidad de contar con medidas de resguardo. La Fiscalía argumentó que existe un temor fundado por la posible repetición de nuevos episodios. Además, en pos de completar la investigación y formular prueba, solicitó la prisión preventiva del imputado durante dos meses, teniendo en cuenta el tipo de delito, la situación de indefensión de la víctima, que puede ser limitada en su capacidad de contribuir al esclarecimiento.

La defensa, representada por el defensor oficial Juan Pablo Laurence, se opuso al planteamiento. Argumentó que la gravedad del hecho, el temor y la indefensión no son parámetros que el Código Procesal Penal tipifica para este tipo de medidas. Dijo que el imputado no tiene antecedentes penales y tiene arraigo. Finalmente, requirió otras medidas menos gravosas.

Por último, el juez aseguró que “estamos ante un hecho de extrema gravedad” y destacó que hay prueba por producir como la testimonial de la víctima.

El magistrado aseguró que existe “un posible peligro de obstrucción de la investigación, máxime cuando la víctima se encuentra desvalida e internada en un nosocomio local”. Ante el riesgo procesal, dispuso una prisión preventiva de un mes para desarrollar la pesquisa.

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