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No a la baja de la edad de punibilidad

La política criminal que adopta un Estado habla de su calidad democrática. El modelo autoritario, que subordina la libertad al principio de autoridad, el que se conoce como “mano dura” que prescinde de las garantías constitucionales en pos de una supuesta “eficiencia” para combatir el delito, se opone al modelo democrático, basado en los principios de legalidad, en la racionalidad, absolutamente respetuoso de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.


En los distintos gobiernos, desde la recuperación de la Democracia en 1983, colocaron en sus agendas este debate, un debate que aún no está saldado. Un debate que, pese a que Argentina adoptó la Convención de los Derechos del Niño y sancionó la Ley de Protección Integral de la Infancia (Ley 26.061), se inclina en mayor o menor medida a la línea de mano dura en relación a esta franja etaria que el Estado debe cuidar de modo especial.

Sin dudas es necesario avanzar en la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, pero sostener la baja en la edad de imputabilidad en el contexto actual, con las cárceles que conocemos, no es compatible con lo que proclama la Convención de los Derechos del Niño ni la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Varios análisis de la prensa1 demuestran que se estigmatiza a esta franja etaria en relación a los delitos que presuntamente cometen. Los jóvenes estigmatizados son, en consecuencia, peligrosos para la opinión pública que moldea la prensa, donde el tema de la "seguridad" es cotidiano, y más aún cuando se acercan elecciones, tal como lo demuestran estudios que monitorean cómo la prensa aborda este tema en particular en períodos preeleccionarios.

Estadísticas criminológicas recientes señalan que los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando estos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%. De modo que, el porcentaje de jóvenes menores de 16 años que cometen un delito es ínfimo en comparación con el total de actos delictivos.

Pese a muchos estudios que echan luz sobre esta realidad, la arena política vuelve a colocar en su agenda la baja de punibilidad a 14 años. La abogada especializada, Claudia Cesaroni, quien representa a un colectivo de especialistas que están en contra de esta medida, elaboró un listado de 10 motivos por los que el Estado no debe optar por la baja2. Según ella, bajar la edad sería legalmente regresivo; se opone porque bajarla tiene como único objetivo el castigo, porque no es el único modo de brindarle garantías a adolescentes, porque la cárcel tal y cual la conocemos en el país no puede ser la solución para afrontar el problema; porque los jóvenes suelen ser el eslabón más débil de la delincuencia adulta.

Cesaroni sostiene que "los pibes de 14 y 15 años a los que se pretende incluir en el sistema penal son, como la inmensa mayoría de las personas privadas de la libertad, parte de un grupo social vulnerado en sus derechos; son pobres y están excluidos. Por supuesto que es preciso trabajar en un régimen penal dirigido a los adolescentes hoy punibles, es decir, a los que tengan más de 16 años. Esa norma podría establecer topes a las penas de prisión, prohibiendo que se apliquen penas perpetuas o de larga duración; definir una serie de medidas alternativas a la privación de la libertad, favorecer la mediación, exigir que todos los que intervengan en los procesos en que estén involucrados adolescentes tengan determinada especialización, etcétera. Pero sólo para los mayores de 16. Los de 14 y 15, déjenlos fuera del sistema penal porque, por más garantías que se escriban en los papeles, el sistema penal es selectivo, discriminatorio y estigmatizante. Y, además, se caracteriza por su inutilidad para resolver conflictos".

El problema de qué hacer con los menores en conflicto con la ley penal -para quienes piensan como Cesaroni- no es un tema cuya solución se encuentre en el sistema penal mismo. Sobre todo a la hora de responder qué se propone a cambio. Porque en esa repuesta el Estado es el garante de lo que se debe hacer con ese joven si no se lo manda a la cárcel. "Si un adolescente de 12, 13, 14 o 15 años roba, mata o viola, algo que es previo a esas acciones, y que no es su responsabilidad, falló. El Estado, en alguna de sus variadas formas, no estuvo presente. Entonces, antes de pensar penas de privación de libertad pensemos en restituir derechos. Que el Estado social se haga presente en forma de escuela, deporte, salud, techo, calor... no en la forma de la ley penal”.

Compartimos su mirada porque reducir la discusión sobre la inseguridad a la edad en que se deberían aplicar penas a los jóvenes, es reducir al mínimo más simple este complejo debate.

Es innegable la responsabilidad que el Estado debe asumir en avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal.

Y el rol del Estado debe centrar su accionar en fortalecer los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales. El Estado debe estar presente en todas las trayectorias de estos sujetos de derechos, dando respuestas acordes tanto en el origen y prevención del delito como de la reparación de sus consecuencias.

Nuestra sociedad debe debatir con argumentos y respuestas complejas a problemas complejos si quiere o no volver a bajar la edad de punibilidad como durante el último gobierno de facto, a sabiendas de que hoy, a diferencia del tiempo en que imperó la dictadura, el país deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no asumir sus compromisos para garantizar Derechos Humanos.

Dra. Andrea Galaverna
Defensora del Pueblo de Bariloche

1. https://www.unicef.org/argentina/spanish/ACF431B.pdf
http://www.libreriapaidos.com/9789871158928/NINGUN+PIBE+NACE+CHORRO/#

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