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Acerca del proceso penal y la prisión preventiva en el marco del Código Procesal Penal

Históricamente la humanidad tuvo la necesidad de limitar el poder del Estado a fin de evitar que aquellos que detentaban el poder, desde los faraones egipcios, los emperadores romanos, los reyes de la edad media -a modo de ejemplo-, resolvieran según el ánimo con el que se levantaban esa mañana o los pedidos y/o el clamor popular.


El paso del tiempo, ha traído un aprendizaje necesario que se ha transformado en regulación a través de distintas normas las que han ido evolucionando junto con la humanidad. A modo de síntesis, podemos decir que la herramienta para lograr esa limitación es la ley. Es la ley la que obliga a la autoridad a sujetar sus decisiones a lo que establecen las normas, sin posibilidad de dejarlas a un lado por más que no se comparta lo que éstas mandan.

Así nace el Proceso Penal, que en nuestro país tiene tres etapas: 1) La investigación, 2) El juicio, y 3) La ejecución de la pena (en caso en que en el juicio haya recaído una condena).

La sentencia es el acto que se dicta luego de finalizado el juicio (segunda etapa del proceso penal) y marca el momento a partir del cual quien hasta entonces era acusado de cometer un delito, deja de ser "inocente" y pasa a ser "condenado". Ese momento crucial del proceso penal hace nacer además, el derecho del Estado argentino de privar de libertad a personas que hasta ese entonces revestían el carácter de "inocentes". Antes de ese hito, la persona es jurídicamente "sospechada", "acusada", pero no "condenada".

Que la persona efectivamente sea hallada culpable, así como la determinación del tiempo que deba cumplir privada de libertad en un establecimiento penitenciario, es algo que sólo puede ser determinado en la sentencia, que se dicta luego de realizado el juicio. Antes no.

En muchos casos esa culpabilidad parece surgir manifiesta desde los inicios de la investigación. Pero no obstante, siempre es necesario realizar el juicio para confirmar esa sospecha inicial, pues en derecho todo debe ser demostrado. Esa es la razón de porqué no podemos "adelantar" lo que suponemos o imaginamos será la pena que recaerá en definitiva.

Esta lógica, que en ciertos casos puede provocar enojo en la ciudadanía, obedece a la crucial disyuntiva que deben resolver las leyes de un país. ¿Qué debe hacer el Estado en su afán de impartir justicia? ¿Debe encarcelar por las dudas a quien luego puede resultar inocente, o es preferible dejar libre al sospechoso -por poco tiempo- hasta que se tenga certeza -jurídica- que es culpable?

La sociedad argentina, ya desde 1853 tomó una decisión, la cual ratificó en 1994 cuando se modificó nuestra Constitución, que establece en su artículo 18 que: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo. La Constitución de Río Negro en su artículo 22, quinto párrafo, es más clara aun al establecer que: Es inocente toda persona mientras no se declare su culpabilidad conforme a la ley y en proceso público, con todas las garantías necesarias para su defensa.

Surge entonces la siguiente pregunta: ¿puede el Estado encarcelar personas antes de realizado el juicio, cuando la persona -según la Constitución- aun es inocente?

La respuesta es sí. Siempre y cuando pueda demostrarse -durante la investigación- que el acusado podrá: 1) fugarse, u 2) obstaculizar la realización del juicio, sea ocultando pruebas o presionando a testigos. La presencia de estos llamados "riesgos procesales" constituye el único supuesto que habilita el dictado de la "prisión preventiva" por un tiempo limitado, siempre y cuando esos peligros no puedan ser neutralizados a través de medidas menos gravosas, y en tanto y en cuanto el fiscal demuestre que esos riesgos existen en el caso concreto, pues no basta imaginar que existen o simplemente mencionar que podrían existir.

Esto y no otra cosa es lo que establece nuestro Código de Procedimiento Penal -reglamentario de la Constitución- en los artículos 9, 99, 100 y 109.

Quien lea esos artículos sin gran esfuerzo podrá concluir que nunca la prisión preventiva puede valer de excusa para encubrir un adelantamiento de la condena que uno supone merece la persona acusada.

En procesos largos, esto puede suponer una injusticia. Que la persona comience a cumplir la condena varios años después de iniciada la causa cuando desde el inicio todo indica que es culpable, puede resultar indignante. Dice el dicho: Justicia lenta no es Justicia. Pero gracias a las virtudes del nuevo Código Procesal Penal de Río Negro, la Fiscalía, máxime en hechos donde hay poco que discutir durante la investigación, está en condiciones de pedir fecha de juicio a pocas semanas de acaecido el hecho. De manera que si la sentencia se dicta apenas un par de meses después, esa "libertad" -o en el peor de los casos arresto domiciliario- de la que pudo haber gozado el acusado durante la primer etapa del proceso habrá sido efímera y tendremos la certeza -y la tranquilidad- que encerraremos a quienes hayan sido encontrados culpables luego de un juicio justo.

Más allá que resulta peligroso encerrar "sospechosos", lo cierto es que sólo después de haberse llevado a cabo el juicio resulta posible, por un lado, afirmar que la persona efectivamente cometió el delito y que debe responder por ello. Por el otro, también habremos podido debatir en torno a qué condena merece por lo que hizo. Por supuesto que en caso de recaer una condena, la misma se cumplirá en un establecimiento penitenciario.

Esto dicen nuestras leyes. En tanto así sea, los jueces seguiremos resolviendo dentro de ese marco pues no podemos, si se me permite la expresión, "sacar los pies del plato" e inaplicar la norma porque no nos guste lo que ésta diga o porque la gente reclame otra cosa.

El Artículo 5° del Código de Procedimiento Penal de Río Negro establece que los jueces deben decidir libres de toda injerencia de los demás poderes del Estado y libres de presiones externas. "Las normas jurídicas vigentes serán la única sujeción legalmente impuesta a los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional a su cargo". Esta es la única forma de garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales, dice el Código.

Qué paradoja sería que un juez resuelva desoyendo las normas que procura hacer cumplir a los demás. Pobre del ciudadano que caiga en manos de jueces que resuelvan cual emperadores romanos, sin sujeción a normas jurídicas o movidos por el clamor popular o para evitar ser cuestionados en las redes sociales.

Para finalizar, y sin ánimo de procurar sellar una controversia extremadamente ardua, los invito a realizar el siguiente ejercicio mental: Imaginen que mañana su hijo, su mejor amigo o ustedes mismos son sometidos a un proceso penal. ¿Responderían igual al interrogante entre "dejar libre, por corto tiempo, a un culpable o encarcelar a un inocente" que si el acusado es un tercero totalmente ajeno a su círculo de seres queridos?

Las leyes no amparan al delincuente. Amparan a todos los ciudadanos, frente al ejercicio abusivo del Poder Estatal. Pensar que nunca estaremos afectados nosotros porque "no somos delincuentes", nos lleva a descreer de todo un sistema de normas que nacieron, producto de siglos de evolución de la especie humana, como límite a los abusos cometidos desde el Estado, y que tienden a asegurarnos -a todos- que en caso de ser denunciados, recién se nos podrá privar de la libertad en caso que lo afirmado en esa denuncia pueda ser probado en una sentencia dictada luego de un juicio justo, momento a partir del cual tendremos que cumplir la pena que nos sea impuesta.

No obstante estas reflexiones, lo cierto es que en la medida que las leyes digan lo que dicen, nos guste o no, estemos o no de acuerdo con ellas, los jueces estamos obligados a cumplirlas. De no hacerlo, no sólo cometeríamos un delito sino que dejaríamos de ser jueces.

Juan Martín Arroyo
Juez de Garantías
Tercera Circunscripción Judicial

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