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El ataque al Banco Nación y a las Economías Regionales

Las leyes de Presupuesto, amparadas en su complejidad técnica, suelen contener normas trascendentes, que pasan inadvertidas o son deliberadamente omitidas por los medios. 

El Banco de la Nación Argentina es la entidad que aun con marchas y contramarchas en su historia, está estatutariamente destinada a asistir financieramente a las micro, pequeñas y medianas empresas.   Su Carta Orgánica prescribe que debe apoyar a la producción agropecuaria, a su crecimiento y  a la exportación; así como, atender a las necesidades del comercio, de la industria, de la minería, del turismo, de las cooperativas, de la actividad de servicios y de los demás emprendimientos económicos.  De igual manera, debe promover un equilibrado desarrollo regional.

Sin embargo, la ley de Presupuesto actualmente en tratamiento en el Parlamento, ha decidido erosionar estos objetivos y, a la vez, introducir en la organización de la entidad una modificación que comprometerá su futuro. El artículo 89 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional propiciado por el Poder Ejecutivo Nacional, reduce en $ 20.000.000.000 el capital social del Banco y, a la vez dispone que, a partir de ahora, distribuya dividendos.

Hasta hoy, la Carta Orgánica del Banco ordenaba que sus utilidades realizadas y liquidas, se destinaran a la reserva legal y a aumentar el capital. A partir de la promulgación del Proyecto de Presupuesto, esas utilidades se enviarán al tesoro nacional (con un límite de hasta el 20 % del total).

Ambas disposiciones importan reducir enormemente la capacidad prestable del Banco, para cuya determinación es esencial el monto del capital.  

La medida, sofísticamente amparada en la necesidad de enjuagar el déficit fiscal, descapitaliza nuestra principal entidad, la desvía de sus fines esenciales y la subordina a las necesidades coyunturales del gobierno. En el estrechamiento de sus posibilidades, difícilmente las necesidades sectoriales tengan cabida.

Se trata, en definitiva, de otra de las ya muy numerosas decisiones contrarias a las economías regionales, cuya protección continua siendo solo una declamación.  El enfoque de política económica que sustenta el oficialismo no incluye la tutela de esos sectores, pues continua acentuando el centralismo  que, por lo demás, es sumamente conveniente para los proyectos de continuidad en el poder.

Silvina García Larraburu

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