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Que el libre comercio no se lleve por delante la diversidad cultural

En 2005 se aprobó a instancias de la UNESCO la Convención para la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y de las Expresiones Artísticas. Hasta ese momento, no se contaba en esa materia con un instrumento internacional de carácter vinculante, de validez similar al Convenio sobre Diversidad Biológica. Sólo existía la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001).

Aquella aprobación se llevó a cabo en un marco cada vez más preocupante. Desde 1947 con la aprobación del GATT, comenzó un proceso de impulso al libre comercio que en los años anteriores a la crisis económica internacional todavía en curso, se aceleró de manera notable. Y con el correr de los años, la ideología del neoliberalismo se proyectó desde el ámbito de las mercaderías a la esfera de los servicios e inclusive, la propiedad intelectual.

Hace 23 entró en vigor el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de cumplimiento obligatorio para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos, la Argentina. La introducción del asunto de la propiedad intelectual en los acuerdos de comercio internacional fue iniciativa de Estados Unidos. Su objetivo fue proteger las inversiones y el libre comercio, nunca las consecuencias sociales o culturales del proceso.

En la práctica, el Acuerdo sobre los ADPIC compromete de manera rigurosa las soberanías nacionales en función de los intereses empresariales. De hecho, el instrumento constituye un enorme obstáculo frente a las obligaciones que adquirieron los Estados cuando firmaron el Convenio sobre Diversidad Biológica. Según este convenio, las partes se obligaron precisamente a la conservación de la diversidad biológica y al uso sostenible de sus componentes. Pero también al reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, a través de un acceso correcto a los mismos y a la transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes.

El Acuerdo sobre los ADPIC marcha en sentido contrario porque exige a los gobiernos que protejan estos usos a través de un sistema de propiedad intelectual que se basa en monopolios privados y exclusivos. En consecuencia, así no es posible la redistribución de los beneficios por la utilización de la biodiversidad. Menos aún su conservación y uso sostenible.

Mientras el Convenio sobre Diversidad Biológica exige a los firmantes que protejan y fomenten los derechos de las comunidades, los agricultores y los pueblos indígenas en la utilización de sus recursos biológicos y la salvaguardia de los conocimientos tradicionales, el Acuerdo sobre los ADPIC se basa en sistemas de patentes occidentales y entonces carece de fórmulas que reconozcan las sabidurías ancestrales. Niega de hecho la existencia de derechos colectivos e ignora la acumulación de conocimientos empíricos milenarios.

A esta altura de los acontecimientos resulta obvio que la aplicación de las leyes del mercado y la globalización afectan la diversidad cultural. El desarrollo tecnológico y en especial de las comunicaciones, colocó a muchas culturas en riesgo de extinción, en lugar de facilitar el acceso al patrimonio espiritual de la humanidad. Por otra parte, tenemos la difusión de una cultura falsa y “estandarizada”, sin visos de autenticidad y que es fabricada en los centros de poder cultural para su consumo pasivo.

El régimen de Propiedad Intelectual, que debería tener como objetivo principal proteger la creación y ofrecer una recompensa a los autores, se aleja cada vez más de este propósito y en la práctica es un instrumento para titulares que no crean nada salvo inversiones. En alianza con los acuerdos de libre comercio, este sistema reafirma los desequilibrios que se generan por la acción del mercado y atenta contra la difusión y conservación de la diversidad de las culturas.

El régimen retribuye sólo en función de la aceptación o no en el mercado. En rigor, éste se encuentra cerrado a la participación natural y legítima de todas las culturas por la acción de la publicidad, la concentración de los medios de comunicación y de las industrias culturales en manos de las transnacionales. Son monopolios del entretenimiento, que funcionan como máquinas de homogeneización. Nada que ver con la diversidad.

Hasta fines de 2015, se registraron en la Argentina intentos desde el Estado para restarle poder a esos oligopolios. Nadie puede negar la importancia que adquirieron señales de televisión por cable como Encuentro o Paka Paka si la promoción de la diversidad cultural fuera una meta.

Fuera de rango Estados Unidos, el gobierno actual insiste en avanzar hacia tratados de libre comercio con la Unión Europea en condiciones de asimetría. Dado su sesgo, habrá que demandar la protección de los contenidos culturales y expresiones artísticas de origen nacional.

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