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Toca a los gobiernos garantizar derechos de los consumidores

El 15 de marzo de 1963, el presidente estadounidense John Kennedy pronunció un discurso ante el Congreso de su país en el cual se refirió a los derechos de los consumidores. Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores organizados comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El objeto es llamar la atención y profundizar conciencias a escala mundial sobre la necesidad de resguardar tales derechos.


Con origen en 1960, Consumidores Internacional es una federación mundial que reúne a grupos que defienden los derechos de los consumidores. Su objetivo es garantizar que éstos nunca se pasen por alto. Con más de 250 organizaciones miembros que se distribuyen en 120 países, la entidad se considera “la única voz global independiente y autorizada que aboga por los derechos de los consumidores”. Su base queda en Gran Bretaña.

Por su parte, en 1983 la ONU instituyó el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cuya celebración conmemora aquel discurso del malogrado mandatario. Entre otras consideraciones, instituyó que la condición de consumidor nos engloba a todos y todas. Entonces, somos el grupo económico más grande en el mercado, que a la vez afecta y es afectado por todas las decisiones que hacen a la economía pública.

Sin embargo, la voz de los consumidores es la que menos se escucha. Sin ir más lejos, durante el año que pasó debieron ir en nuestro país a los Tribunales para que el gobierno nacional entendiera que los incrementos tarifarios escandalosos que pretendía, vulneraban los derechos más elementales de los usuarios o consumidores de servicios que son públicos. Decididamente, la inflación es una vulneración persistente contra el derecho de los consumidores.

Recién con las reflexiones de Kennedy y con el guante que recogió la ONU, se comenzó a considerar a los consumidores como elementos fundamentales del proceso productivo. En forma simultánea, se reconoció su relevancia política y se instó a las instituciones a arbitrar medidas para la protección de sus derechos. Dos años después de la conmemoración que estableció, la Asamblea General adoptó las Directrices de la ONU para la Protección de los Consumidores, declaración de derechos que hoy goza de reconocimiento internacional.

La normativa protege el derecho al consumo, al que se entiende como la oportunidad que tienen los consumidores de obtener o acceder a bienes y servicios que satisfagan sus necesidades básicas, es decir, educación, salud, vivienda y alimentación. Se incluye el derecho a elegir, es decir, a escoger entre una diversidad de productos y servicios diferenciados, que se ofrezcan en el mercado, tanto en características como en precios.

Como consumidores, también nos asiste el derecho a la seguridad, que refiere a la obtención de productos o servicios que no representen peligros potenciales para la salud, es decir, productos vencidos, con las fechas de vencimiento alteradas, deteriorados y demás. Otro de los contemplados es el derecho a la compensación o resarcimiento, que consiste en obtener una respuesta ante reclamos justos. Si se adquiere un bien que no se puede utilizar en su máxima capacidad o llega a las manos del consumidor con defectos de fábrica, asiste el derecho de exigir la reparación, el cambio o hasta la devolución del importe que se abonó.

Los consumidores y consumidoras también tienen derecho a la orientación y educación, que refiere a la necesidad de adquirir conocimientos y habilidades para actuar eficientemente en sus decisiones de consumo. Faceta que se relaciona íntimamente con la información, es decir, la obtención por parte de los proveedores, comerciantes u otros agentes económicos, de información clara, veraz y suficiente acerca de los productos y servicios que adquiere.

Es central el derecho a un ambiente saludable, que refiere a un medio ambiente físico y natural sano, que favorezca la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. De suyo, implica evitar la utilización de productos que contaminen el aire, el agua y otros bienes naturales. Por último para esta columna, traigamos a colación el contenido del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

La Carta Magna establece además que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. No hay dudas sobre cuáles son los deberes de los gobiernos al respecto.

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