Menu
denuncia-whp

En la Argentina manda el CIADI

La vorágine informativa quizá no dejó prestar la necesaria atención a la sanción que confirmó el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la Argentina. De las arcas públicas deberán salir 384 millones de dólares para beneficiar a las empresas Aguas de Barcelona, Suez Environment y Vivendi, por una rescisión contractual que decidió el gobierno anterior. Se trata de las tres compañías que a través de la marca Aguas Argentinas, prestaban servicio de agua potable y saneamiento en Buenos Aires.

El tribunal arbitral que forma parte del organigrama del Banco Mundial, confirmó un laudo que databa de 2015, después de casi una década de litigio. En 2005, Aguas Argentinas había reclamado al gobierno un incremento de las tarifas, con la excusa de su congelamiento anterior y de la crisis que sacudió al país en 2001 y 2002. Pero cabe recordar que para las trasnacionales, el problema principal fue la devaluación del peso respecto al dólar, después de un década de 1 a 1.

Dos años después de asumir, el gobierno de Néstor Kirchner había pedido un compromiso de inversiones para mejorar las redes y el servicio. Las trasnacionales se atuvieron a los contratos en vigencia, a los que habían accedido después de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Al rescindir el acuerdo el gobierno y hacerse cargo de la prestación a través de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), las compañías recurrieron al CIADI.

El tribunal arbitral determinó que la Argentina deberá pagar 223 millones de dólares a la francesa Suez, otros 123,2 millones la prestadora catalana y algo menos de 40 millones a la tercera compañía, también francesa. El país había alegado que el tribunal “no fue constituido correctamente”, que “se extralimitó en sus facultades de forma manifiesta”, que “hubo incumplimientos graves de normas de procedimiento esenciales” y que el laudo “omitió expresar los motivos en los que se basó”. Sin embargo, el CIADI hizo caso omiso de la presentación nacional.

Ahora bien, ¿qué es el CIADI? Quizás haga falta puntualizar que la internacionalización de la economía que arrancó en los últimos tramos del siglo XX fue posible gracias al desarrollo de instituciones que paulatinamente, fueron asumiendo las funciones de los Estados. En los hechos, su función fue y es proteger y garantizar los beneficios de las grandes trasnacionales para que puedan continuar con su proceso de acumulación.

Como puede advertirse, el proceso de internacionalización del capital y el funcionamiento de instituciones como el CIADI es incompatible con la soberanía de los gobiernos y de manera indirecta, con la democracia. El andamiaje legal que edificaron pacientemente el FMI, el BM y otras instituciones, pasan por encima de las legislaciones soberanas de cada país.

En América Latina y con énfasis desde los 90, el fenómeno adquirió una profundidad especialmente intensa y en los hechos, implica la ausencia de cualquier atisbo de control democrático sobre las actividades de las compañías trasnacionales. Frente a la necesidad de resguardar los derechos humanos -acceder al agua es uno de ellos- o las posibilidades de priorizar políticas de desarrollo, la preservación de las rentas empresarias aparece como valor supremo e inconmovible.

En nombre de la seguridad económica -de las trasnacionales- los mecanismos de arbitraje internacional, junto con los tratados bilaterales y multilaterales, lograron en los hechos que los países de la región cedieran soberanía jurisdiccional. No fue en tribunales argentinos que se dirimió el entuerto entre las trasnacionales europeas y el Estado, fue en una dependencia del Banco Mundial.

Durante la década progresista, que aún continúa en Bolivia, Ecuador y aunque con serios tropiezos, en Venezuela, algunos de los países recuperaron sustanciales cuotas de soberanía para priorizar el bienestar popular y políticas soberanas de desarrollo. Por ejemplo, La Paz denunció al CIADI, es decir, salió de su jurisdicción para recuperar la nacional. En cambio, los tres gobiernos “nacionales y populares” argentinos nunca lo hicieron.

El CIADI data de 1966 y cuenta con la ratificación de 153 partes. Para cada caso, se conforma una Comisión de Conciliación o un Tribunal de Arbitraje Independiente, que se constituye con un árbitro que elige el Estado, otro que eligen los inversores y un tercero, que se designa de común acuerdo y preside el tribunal. La historia demuestra que la única seguridad jurídica que interesa al CIADI es la de los inversores.

A diferencia de los tribunales de justicia, el CIADI se establece por un panel de arbitrajes. Sus integrantes provienen de los más importantes estudios de abogados especializados, la mayoría de ellos situados en los países centrales. Si cuando en la Argentina se hablaba de “recuperar soberanía” pocos pasos concretos se dieron detrás de ese objetivo, está claro que durante el proceso en curso sólo quedará agachar la cabeza y pagar. Una vez más…

volver arriba
puelo

Si Ud. siente que algún comentario, hecho por lectores, en este artículo o en alguna de nuestras redes sociales lo perjudica, denúncielo haciendo click aqui o telefónicamente al 0294-4431409. 

denuncia-whp