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A la trata de personas, no hay que darle respiro

La trata de personas es un delito que consiste en la explotación de mujeres, niños e incluso hombres con diversos propósitos, sobre todo, el trabajo forzoso y sexual. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 21 millones de personas se ven sometidas a trabajos forzosos, entre las cuales sobresalen las víctimas de explotación sexual y laboral. Como la actividad es clandestina, se desconoce con precisión qué proporción de esa marea humana fue objeto de trata pero se estima que son millones de personas en el planeta.

El flagelo está presente en todos los países, ya sea como lugares de origen, tránsito o destino de las víctimas. En este sentido, hay que concordar con el célebre abolicionista John Wesley y señalar que la esclavitud, sea en sus formas contemporáneas como en las históricas, es “la execrable suma de todas las villanías”. Como vergüenza que mancha a toda la humanidad, no debería tener cabida.

El Informe Mundial sobre la Trata de Personas que elabora la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que aproximadamente el 30 por ciento de las víctimas de trata son niños y otro 70 por ciento, mujeres y niñas. Ante la gravedad de la situación, siete años atrás, la ONU adoptó el Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas, con el afán de urgir a los gobiernos a profundizar su combate.

Entre otros aspectos sustantivos, el Plan en cuestión instituyó el Fondo Voluntario Fiduciario para las víctimas del tráfico, especialmente mujeres y niños. Su cometido es facilitar la asistencia y la protección efectivas y directas a las víctimas de la trata, mediante las subvenciones a organizaciones no gubernamentales especializadas. De cara al futuro, el objetivo es priorizar a las víctimas que provienen de conflictos armados o que forman parte de grandes corrientes migratorias o de refugiados.

Asimismo, la intención es centrar la asistencia en las víctimas que fueron objeto de trata para explotación sexual, extirpación de órganos, reducción a la mendicidad o bien, la obligación de practicar la delincuencia, entre otras actividades que, lamentablemente, se tornan más frecuentes a escala global y, de tan horripilantes, nos eximimos de mencionarlas para no facilitar su imitación entre nosotros.

En 2013, la Asamblea General de la ONU evaluó el Plan de Acción Mundial y designó al 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, jornada que se considera necesaria para concientizar “sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos”. En tanto, dos años atrás, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el conjunto de los países aceptó cumplir los objetivos y las metas que tienen que ver con la lucha contra la trata.

Entre tales objetivos, se destacan el fin de la trata y la violencia contra los niños, además de la adopción de medidas contra la trata en general. Asimismo, se estipula que se acaben todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, además de su explotación. Un año después, durante la Cumbre sobre los Refugiados y Migrantes, se aprobó la Declaración de Nueva York, que contiene tres puntos sobre el combate a la trata de personas y el contrabando de migrantes.

El lema para la jornada versión 2017 es “Asiste y protege a las víctimas de la trata”. Con la consigna, se pretende subrayar que uno de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo tiene que ver con los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados, grave secuela que suponen los conflictos armados y los desastres naturales. Desplazadas y desplazados corren el riesgo de caer en las redes de trata.

En la Argentina, quizá no haya figura tan comprometida en la lucha contra la trata como Susana Trimarco quien, desde el secuestro y desaparición de su hija el 3 de abril de 2002, encaró una desesperada búsqueda y, en su camino, puso al descubierto la magnitud que tiene en el país metodología tan aberrante. En 2007, creó la Fundación María de los Ángeles, precisamente para brindar asistencia integral a las víctimas, recibir denuncias y ofrecer contención a familiares, a la vez que asesoramiento.

Anticipándose al Estado, en 2008, inauguró el primer refugio especializado del país, con sede en Tucumán. A partir de ese proyecto, se replicaron los protocolos de asistencia en Buenos Aires y Córdoba. Para la entidad, asistencia integral significa brindar gratuitamente apoyo legal, psicológico y social, incluyendo la judicialización de la Trata de Personas. Entre nosotros, rige la Ley 26.364 de Sanción, Prevención y Asistencia Integral en la materia. Reclamar su plena vigencia con las correspondientes partidas presupuestarias será una buena manera de conmemorar el Día Mundial contra la Trata.

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