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Darle una oportunidad a la ley y a la política

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas encuentra a Bariloche y a la región en un ambiente sumamente enrarecido, que al menos parcialmente se extiende a la opinión pública nacional. Sucesos violentos que reivindicó una organización identificada como mapuche, despertaron los sentimientos xenófobos e inclusive racistas que todavía subsisten en buena parte la sociedad regional, a la vez que llenaron de perplejidad al conjunto del pueblo mapuche y a los sectores que habitualmente, observan con simpatía sus demandas históricas.


El clima se terminó de extrañar en las últimas semanas, al denunciarse a través de redes sociales la desaparición de una persona, que habría estado presente durante el desalojo de un predio, a cargo de fuerzas de seguridad, en cercanías del paraje Vuelta del Río. Episodio que tuvo lugar a pocos días de distancia de elecciones nacionales y que de manera previsible, enfrenta a los contendientes que medirán fuerzas el próximo domingo.

Aunque con enormes diferencias, el panorama tiene puntos de contacto con la situación que se vive en Chile en las últimas décadas, cuando ante la ruptura de los acuerdos que las organizaciones mapuches habían celebrado con la Concertación, algunas de ellas comenzaron a utilizar métodos violentos para resistir desalojos o expulsar a las grandes compañías forestales de sus territorios ancestrales.

Veinte años después del comienzo de esa etapa, si algo puede aprenderse de la experiencia trasandina es que a demandas de raíz política no se puede responder exclusivamente de manera policial. Más allá de la reciente irrupción del grupo que reivindicó atentados incendiarios en Bariloche y la zona desde 2014 hasta la actualidad, los sucesivos gobiernos deberán admitir que poco y nada hicieron para canalizar las demandas mapuches por autonomía, tierras, educación, salud y cultura con las herramientas que otorgan las leyes que están en vigencia: la Constitución Nacional, la Ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT) y más recientemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Justamente en 2017, la última cumple su décimo aniversario aunque en primera instancia las autoridades argentinas de entonces se mostraron remisas a adherir.

Desde Buenos Aires hacia aquí, las cosas siempre se observan de manera distorsionada y con intereses que en general, poco tienen que ver con la realidad patagónica. La política tarifaria del gobierno actual es un claro ejemplo que pocos podrán discutir. En consecuencia, corresponde a los intendentes municipales y a los gobernadores aportar paños fríos, reflexión y mesura, para encontrar soluciones políticas a las grandes reivindicaciones de los pueblos indígenas, sin perjuicio de que el Poder Judicial haga su trabajo. Hasta el momento, la desaparición de una persona es el saldo más penoso que lamentar…

Las autoridades argentinas de la actualidad –tan pendientes de su inserción en “el mundo”- podrían analizar qué sucede en la materia en sitios como Nueva Zelanda, Suecia, Australia, Canadá y otros sitios del hipotético Primer Mundo, donde más allá de la existencia de asignaturas seguramente pendientes, se construyen sociedades interculturales en donde la coexistencia entre la sociedad mayoritaria y los pueblos indígenas es bastante menos traumática.

Los pueblos indígenas se caracterizan por su diversidad: son alrededor de 5.000, se distribuyen en 90 países y hablan la mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas que existen en el planeta. Numéricamente, se constituyen por alrededor de 370 millones de personas, es decir, más del 5 por ciento de la población global. Sin embargo, forman parte de los grupos más desfavorecidos y vulnerables: constituyen el 15 por ciento de los sectores más empobrecidos.

A pesar de su deterioro económico y social, los pueblos indígenas heredaron y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Mantienen también rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos a los que predominan en las sociedades en las que viven, como consecuencia de procesos de conquista… A pesar de las diferencias que tienen entre sí, los pueblos indígenas enfrentan problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.

En coincidencia con la fecha, la ONU destaca que las poblaciones autóctonas buscaron durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. La “comunidad internacional” –la misma cuya aceptación desvela a la Casa Rosada- reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.

La gente que tiene responsabilidad políticas sobre territorios ancestralmente indígenas hoy comprendidos en la jurisdicción argentina, debería conocer de memoria la normativa en vigencia. Quizás suene ingenuo, pero sólo la ley y la política permitirán superar una crisis como la presente. Descansar en la tarea de las fuerzas de seguridad no hará más que agudizar las tensiones.

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