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Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Pocas veces el calendario de conmemoraciones de la ONU coincidió tan estrechamente con una coyuntura de la Argentina: hoy se pone de relieve el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El 30 de agosto sorprende al país con un caso de esas características… Más allá de los esfuerzos gubernamentales por restarle entidad al suceso junto a un coro adepto de comunicadores, la fiscal que investiga la suerte de Santiago Maldonado solicitó que así se caratulara el expediente, solicitud que encontró acogida por parte del juez federal.


Más allá de las versiones que con absoluta imprudencia echan a circular los grandes medios de comunicación, el escrito de la fiscal que prosperó cinco días atrás, dice que “debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1º de agosto”. Tal el rumbo de la investigación.

Según la ONU, la desaparición forzada se utiliza de manera frecuente “como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos”. La sensación de inseguridad que esa práctica genera “no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”. Estamos frente a “un problema mundial” que no es patrimonio exclusivo de una región concreta.

Como sabemos, las desapariciones forzadas fueron en su momento producto de las dictaduras cívico-militares que asolaron Sudamérica desde los 70 hasta los 80. Sin embargo, en la actualidad se perpetran en situaciones complejas que obedecen a conflictos internos, sobre todo como método de represión contra oponentes políticos. La comunidad internacional se preocupa especialmente por el acoso que sufren los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de casos como el que nos desvela por estos días.

También es objeto de preocupación la utilización sistemática de las desapariciones forzadas por parte de los Estados, con la excusa de luchar contra el terrorismo. Es una treta macabra que bien conocemos los argentinos, justificación que en la inteligencia de los represores, sirve para incumplir obligaciones legales. Además, la ONU está en alerta ante la todavía generalizada impunidad que parece registrarse a escala global.

La conmemoración de hoy se determinó en 2010, cuando la Asamblea General expresó su consternación ante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. La mirada se centra en los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de desapariciones forzadas o equivalen a ellas. La conmemoración también es una reacción ante el creciente número de denuncias por actos de hostigamiento, maltrato e intimidación que suelen padecer testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Hay que recordar que rige en la materia la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El artículo inaugural del instrumento afirma que “nadie será sometido a una desaparición forzada” y que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. El segundo define de qué hablamos: “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Como dijimos más arriba, una de las posibilidades que aparece en la enumeración es la que investiga la fiscal.

El artículo 5 de la Convención establece que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas” por éste. Según la definición precedente, no procedería la denuncia que según trascendió mientras escribíamos estas líneas, presentó un constitucionalista ligado al gobierno anterior junto a otros firmantes contra el presidente y sus ministros. La presentación acusa “por encubrimiento de desaparición forzada de personas” pero uno de los denunciantes expresó ante la prensa que “estamos frente a un delito calificado de lesa humanidad, imprescriptible en la acción penal”. Según la ONU esa calificación procedería si estuviéramos ante “una práctica generalizada o sistemática”. Esperemos que así no sea.

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