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Conciencia ambiental con el sustento de la ley

Desde 1995, en la Argentina cada 27 de septiembre es el Día de la Conciencia Ambiental. La efeméride se conmemoró el miércoles, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo, al cual le otorgamos preponderancia en esta columna. De todas maneras, no nos parece de más poner de relieve el concepto. El artículo 1º de la escueta norma que instituyó la fecha apunta que su cometido es recordar “a las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993”.

¿Qué sucedió en aquella ocasión? Siete personas dejaron de existir, cuatro de ellos familiares y el resto integrantes de una empresa de atención médica, como resultado de una insólita intoxicación. Las crónicas de aquellos tiempos mencionaron que la tragedia se debió a una combinación de sustancias tóxicas, porque alguien echó ácido sulfúrico a las cloacas mientras que a pocas cuadras y al mismo tiempo, otro desaprensivo se deshizo de sales de cianuro. Como consecuencia, se formó ácido cianhídrico, cuyo gas letal escapó por una rejilla de la casa familiar.

La ley que establece el Día de la Conciencia Ambiental ordena que todos los años se recuerden en “los establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el ambiente mencionados en la Constitución Nacional”. Esperemos que muchas escuelas barilochenses, públicas o privadas, hayan cumplido con las disposiciones de la norma.

El Congreso se refería al artículo 41 de la Constitución Nacional, que se incluyó durante la reforma de 1994. Arranca con un párrafo que ya nos es familiar: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

El mismo artículo establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho (el del párrafo anterior), a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Asimismo, señala que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.

Además, la Constitución Nacional prohíbe “el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. Hasta ahí llega su alcance. Pero hace unos 15 años, se puso en vigencia la Ley General del Ambiente, que aprobó el Congreso y promulgó el Poder Ejecutivo para cumplir con el mandato constitucional. Si se tuviera en cuenta el espíritu de los legisladores al instaurar en 1995 el Día de la Conciencia Ambiental, sería sobre sus alcances sobre los que habría que profundizar y extenderse, ya que la norma que hoy rige en materia ambiental se aprobó siete años después de su institución.

La Ley General del Ambiente establece “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”. Con el paraguas de esa definición general, la política ambiental nacional debe “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas”, es decir, las prácticas económicas.

Además, establece que el Estado tiene la obligación de “promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras” y en forma prioritaria, “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión”. Por otro lado, las autoridades deben “promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales”, “mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”.

La norma es muy clara cuando ordena “prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo”. También instituye “promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal”.

Por último para la columna, digamos que la Ley General Ambiente dispone que se organice e integre “la información ambiental” y se asegure “el libre acceso de la población a la misma”. Asimismo, que se establezcan “procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental”. Ponerse a enumerar incumplimientos resultaría muy tedioso...

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