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Desconfiar de la noción de “servicios ambientales”

El aire ya no es aquello que nos rodea o el elemento que nos permite respirar. “El aire es libre”, decíamos cuando éramos chicos. Hoy, al igual que el agua dulce, los mares, la lluvia, los paisajes y la naturaleza, integra el conjunto que autoridades, funcionarios de organismos internacionales e inclusive empresarios, denominan con mucha insistencia “servicios ambientales”.

Detrás de ese criterio se esconde el concepto de otra mercancía a transar en el mercado, por la que a su “debido momento” todos deberemos pagar. En efecto, la noción de “servicios ambientales” y la intención de arancelarlos se generalizó en los últimos años. Dejó de utilizarse solamente en áreas muy específicas de la economía y los recursos naturales para instalarse sobre todo en documentos gubernamentales, del Banco Mundial y otros organismos.

También se integró al vocabulario de determinadas ONG, sobre todo de aquellas que cuentan con el financiamiento de las grandes corporaciones. Si bien hasta el momento el concepto de abonar por “servicios ambientales” y su implementación se presentan aún como procesos en desarrollo, incluso en su definición legal, los países de América Latina se muestran como escenarios de mayor avance, sobre todo Costa Rica, México, Ecuador y Brasil.

Inicialmente, se presentaron como iniciativas de índole conservacionista, a través de la gestión de subsidios y la posterior regulación por medio de un conjunto de normas. Éstas avanzaron sobre todo en áreas como la captura de carbono, agua, la conservación de la biodiversidad y el paisaje, con énfasis en fines turísticos. Así, nacieron con el impulso de proyectos de conservación, ecoturismo o embotellamiento de agua a escala de comunidades locales, con aparente atención en el desarrollo local.

Estas iniciativas son impulsadas en su mayoría por entidades gubernamentales, aunque también existen las que son controladas por organizaciones privadas, muchas de ellas bajo la forma de ONG. Si se trata de procesos de conservación, a las comunidades locales se les ofrece una suma anual por conservar áreas de bosque o de vegetación natural, a cambio de implementar un plan de manejo que define la entidad gubernamental o privada.

Suponemos que hace 200 años, a nadie se le hubiera ocurrido pagar o percibir algún ingreso a raíz del consumo del agua. Pues bien, hace rato que abonamos por ella. En este caso y en el rubro “servicios ambientales”, el Estado “reconoce” los derechos de las comunidades a explotar una cuota marginal de los cuerpos de agua (normalmente a través del embotellamiento) de “manera sustentable”.

¿Se acuerda del interés de aquella delegación china en Bariloche y los lagos de nuestra región? ¿Se acuerda que sus integrantes preguntaron dónde estaban las embotelladoras? La historia reciente demuestra además que en los casos que mencionamos, las comunidades locales que se “beneficiaron” debieron invertir en infraestructura y en medios de comercialización, inversiones que significaron endeudamiento.

La venta de cuotas de carbono fue muy grande para los países subdesarrollados. En este rubro cada proyecto de conservación se tradujo en toneladas de carbono, las que son capturadas por bosques o plantaciones y son comercializadas por quienes hayan solventado las iniciativas y tengan la capacidad de negociar o hacer transacciones en mercados bursátiles.

La noción de “servicio ambiental” es inseparable del concepto “capital natural”, que en realidad incluye a la biodiversidad y a los elementos: la luz del Sol, su energía, el calor que proyecta, la fuerza de las mareas, el viento y demás manifestaciones de la naturaleza. En el marco de estas nuevas nociones, se destaca el criterio de “regulación atmosférica”, que es la capacidad de mantener el aire con calidad respirable. Otro “servicio ambiental”.

Hasta el momento respirar fue un acto tan fundamental y natural que ni siquiera necesitó adquirir la calidad de “derecho”. Pero según las nuevas concepciones de los tecnócratas de la globalización, ya no estamos simplemente respirando, estamos recibiendo un “servicio”. De ahí a que nos arancelen esta prestación, no mediará mucho. Insistimos con el ejemplo del agua, que antaño fue libre y hoy no.

Si la provisión de aire respirable se torna un servicio, qué quedará para cuando llueva, para las ocasiones en que no nos inundemos, cuando contemplemos un paisaje, disfrutemos del Sol o la sombra o cuando realicemos cualquier actividad relacionada con la naturaleza... Si esta concepción triunfa, durante cada minuto de nuestras vidas estaremos recibiendo algún “servicio ambiental”.

En realidad estamos hablando de procesos que sustentan la vida. En la actualidad hay millones de seres humanos que no tienen acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento… ¿Cómo harán para pagar el “servicio ambiental” que nos proveerá de aire respirable? ¿Quiénes se beneficiarán con este negocio? Es sumamente tramposa la visión que convierte a los bienes comunes en “servicios ambientales”.

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