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La reforma impositiva atenta contra economías regionales

Cuando trascendió que en la reforma impositiva que impulsa el gobierno se aplicarán nuevos impuestos internos a la industria vitivinícola, todas las miradas se dirigieron a Mendoza y en menor medida a San Juan, pero se soslayó la importancia que las bodegas tienen en la actividad económica de Río Negro y Neuquén. Inclusive, los planes de Nación se meten con el pago chico, al afectar también a la actividad de la cervecería artesanal.

Cabe recordar que los anuncios que son razón de controversia en el ámbito empresarial deben tratarse en el Congreso de la Nación y muy probablemente, el resultado final no sea idéntico al que exteriorizaron los funcionarios de la conducción económica. Como dijimos hace poco más de una semana, que el oficialismo lograra un triunfo contundente en las urnas no alcanzó para que alcanzara mayoría en el ámbito legislativo. Deberá negociar.

Es de esperar que más allá de sus sellos partidarios, los diputados y senadores de la provincia y de la región asuman la defensa de los intereses de Bariloche, Río Negro y la Patagonia, que bastante castigados vienen a partir de la asunción del gobierno en ejercicio. Una primera lectura permite concluir que el conjunto de la reforma, no apunta a resolver los problemas de competitividad que experimentan las producciones de las economías regionales.

Si prosperaran los designios de Hacienda, sobre el vino y los espumantes se aplicará un impuesto del 17 por ciento. Asumió la defensa del sector el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, quien en declaraciones a una radio capitalina expresó entre otras cosas, que la industria vitivinícola tiene gran incidencia en la creación y mantenimiento de fuentes de trabajo, además de generar una influencia indirecta en el conjunto de la actividad.

A través de los gravámenes, desalentar el consumo de vino implicará atentar contra una actividad que en opinión del mandamás cuyano, tiene “un gran eslabonamiento económico”. No hay que perder de vista que históricamente, el vino argentino compite con el chileno en el contexto internacional. Mientras en la Casa Rosada se piensa en gravar al nuestro, del otro lado de la cordillera aplican una política arancelaria que favorece sus exportaciones.

Precisamente, el comercio exterior es un gran déficit del modelo en vigencia en la Argentina. Con la arremetida contra el sector vitivinícola, poco favor hará la estructura impositiva argentina a la hora de sumar productividad en uno de los pocos productos de la industria nacional con valor agregado que cuenta con demanda en el exterior. Como mínimo, la propuesta del Palacio de Hacienda huele a desconocimiento e improvisación.

Según datos de 2014, la Argentina se encontraba entre los primeros cinco productores mundiales de vino y entre los 10 principales exportadores. A escala nacional, se contabilizaban 18 mil productores, 900 bodegas con miles de trabajadores y 220 mil hectáreas consagradas a viñedos. Entre 2004 y 2014, la exportación de vino, mosto, uva y pasas de uva alcanzó un crecimiento espectacular, con un incremento del 350 por ciento.

En la actualidad, los resultados tienden a la baja. Desde ámbitos empresariales de Río Negro y Neuquén se opinó que aplicar nuevos impuestos internos a la producción de bebidas alcohólicas terminará por complicar a la industria. Además, entendieron como una incoherencia que días atrás, desde Nación se pusiera en práctica un plan para promover y difundir al vino argentino como bebida nacional y poco tiempo después, el ministro de Hacienda expresara que se trata de un producto nocivo para la salud.

En las dos provincias, el sector vitivinícola no pasa por su mejor momento. A sus problemas de competitividad se sumarán impuestos internos en un orden que irá del 10 al 17 por ciento, si prosperara la iniciativa de Nación. Por su parte, los cerveceros artesanales de Bariloche y la región también observan con preocupación la reforma que impulsa Buenos Aires… Según trascendió, pedirán una revisión de la alícuota.

En el caso de las cervezas, ésta pasará de 8 al 17 por ciento. Cabe recordar que las cerveceras de Bariloche son pequeñas y medianas empresas que en los últimos años, alcanzaron un nivel envidiable de actividad y crecimiento. Los planes de Dujovne se constituyen en un auténtico obstáculo para la continuidad de ese desarrollo. La retracción puede adivinarse, porque en estos casos, los aumentos en los gravámenes siempre se trasladan al consumidor.

Se estima que en la Patagonia funcionan aproximadamente 220 cerveceras, sobre todo pequeñas. En su mayoría, funcionan en las zonas cordilleranas. En las economías serias, a los sectores pujantes y dinamizadores el Estado tiende a protegerlos antes que a interponer escollos que frenen su crecimiento. Acordamos con que hace falta otra estructura impositiva en la Argentina, pero el proyecto que se presentó no parece el más conveniente.

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