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Palestina, cuestión irresuelta

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Se eligió la fecha por la importancia que tiene para el pueblo aludido porque ese día de 1947, la Asamblea General aprobó la resolución 181, a la que posteriormente se conoció como la “resolución de la partición”. En ella se estipulaba la creación de un “Estado judío” y de un “Estado árabe” en Palestina, con Jerusalén como ciudad con un régimen internacional especial.


Puede advertirse que 70 años después de la “partición”, de los dos Estados que se preveían sólo existe uno: Israel. Entonces, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino otorga una oportunidad para que la comunidad internacional centre su atención en un hecho ineludible: la cuestión de Palestina aún no se resuelve.

En 1975 se había establecido el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas que se destinaran al ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacionales, y el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.

Ese Comité también tiene como mandato “ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil”. En consonancia con esa vocación, desde entonces se creó una red de más de 1.000 organizaciones con presencia en todas las regiones del mundo que desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina. La conmemoración adquiere un carácter especial durante el año en curso, ya que se cumplen 50 años del comienzo de la guerra árabe-israelí de 1967.

Lejos de avanzarse hacia la llamada “solución biestatal”, en los últimos años el conflicto se agravó notablemente a partir de la construcción por parte de Israel de un muro de separación, que funciona junto con estructuras y obstáculos en desmedro del territorio palestino ocupado. El Comité en cuestión se pronunció con firmeza para repudiar la odiosa infraestructura porque además, su trazado se desvió de la frontera anterior a 1967. La situación afecta inclusive a Jerusalén Oriental.

Su construcción se acompañó con la destrucción y confiscación de tierras y propiedades palestinas y del desplazamiento de miles de familias de esa nacionalidad. A propósito, en 2004 la Corte Internacional de Justicia afirmó que la construcción del muro era ilegal en virtud del derecho internacional. Pero antes que Corea del Norte, antes que Irán o que Siria, si algún país hace caso omiso al derecho internacional es precisamente, Israel.

Ese mismo año la Asamblea General exigió que Israel cumpliera con sus obligaciones legales, advertencia que una vez más cayó en saco roto. El Comité que mencionábamos hizo saber su preocupación porque entiende que con la construcción de la barrera, supuestamente por motivos de seguridad, el gobierno de Israel pretende en realidad anexionarse de hecho más tierras palestinas y definir de manera unilateral las fronteras de un futuro Estado palestino.

Según ese ámbito de la ONU, Israel no tiene derecho a construir ninguna de esas estructuras de separación en tierra palestina. La construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, debe cesar de inmediato y se deben desmantelar, tanto el muro como las estructuras conexas que se levantaron hasta la fecha, de conformidad con la disposición que contiene aquella opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

Con la misma lógica, todos los actos legislativos y reglamentarios relativos a su construcción se deben revocar o dejar sin efecto. En el mismo sentido, Israel tiene la obligación de indemnizar a la población palestina por todos los daños que causaron dichas construcciones. En este sentido, el Comité respalda plenamente el mandato del Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios producidos por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado y pide su aplicación plena sin demora.

La cuestión de los refugiados palestinos es otro elemento crítico del conflicto con Israel. Su resolución de manera justa y ecuánime es un requisito esencial para alcanzar la paz, tanto entre Israel y Palestina como a escala regional. Sólo se puede lograr una solución duradera dentro del contexto del derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus viviendas y propiedades, de las que fueron desplazados en los últimos decenios. El Comité que traemos a colación entiende que una solución justa para los refugiados palestinos y su pueblo en general engloba también una compensación y remedos justos por los daños que sufrieron y sufren durante la ocupación. Sería de estricta justicia.

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