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Conmemorar y prevenir los genocidios

Mañana (9 de diciembre) será el Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas de Genocidio y para su Prevención, un crimen que es perseguido por el derecho internacional. Precisamente, en esos términos, genocidio es “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. Nótese que la definición no refiere a la necesidad de que se constaten todos “los actos” si no que hace referencia a “cualquiera”.


La enumeración incluye “matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo” y por último en la redacción, “traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Los conceptos están establecidos en el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, instrumento que tipifica a esa práctica como delito de derecho internacional, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Aquellos países miembros de la convención se comprometen a prevenirlo y sancionarlo. La responsabilidad principal tanto para evitarlo como para detenerlo recae en el Estado.

La jornada que hoy se conmemora refiere expresamente a la necesidad de prevenir genocidios. Para hacerlo, es de importancia crucial entender sus causas fundamentales. Si bien los conflictos pueden surgir por múltiples motivos, los que adquieren connotaciones genocidas responden a factores que se relacionan con la identidad y tienden a ocurrir en sociedades con diversos grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos.

Sin embargo, se torna imperioso advertir que la generación del conflicto no tiene que ver con las propias diferencias de identidad, sean éstas reales o percibidas, sino sus consecuencias en cuanto al acceso al poder y a la riqueza, a los servicios y recursos, al empleo, a las oportunidades de desarrollo, a la ciudadanía y al disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Esas tensiones son fomentadas por la discriminación, los discursos de incitación al odio que promueven la violencia y otras violaciones de los derechos humanos.

También con el afán de prevenir, es fundamental además, determinar los factores o prácticas discriminatorias que en cada situación concreta generan o propician desigualdades importantes en la administración de una población diversa. Después de identificar esos factores, se deben buscar maneras de reducir esas prácticas y si es posible, erradicarlas. Puesto que no hay ningún país que sea totalmente homogéneo, el genocidio constituye una amenaza de alcance mundial.

En la Cumbre Mundial que se desarrolló en 2005 para tratar asuntos de desarrollo, seguridad y derechos humanos, los jefes de Estado y de Gobierno que participaron afirmaron unánimemente que “cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. También acordaron que cuando procediera, la comunidad internacional debería ayudar a los Estados a ejercer su responsabilidad.

Por otro lado, los líderes mundiales decidieron que “cuando fuera evidente” que un Estado no protegiera a su población de los cuatro crímenes mencionados, la comunidad internacional adoptaría medidas colectivas, por conducto del Consejo de Seguridad y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Esta intervención sólo ocurriría cuando fallara la prevención. En consecuencia, la prevención es la base para el principio de la responsabilidad de proteger.

En este sentido, los tres pilares de la responsabilidad de proteger están estipulados en el Documento Final de la Cumbre y formulados en el informe del secretario general de la ONU de 2009 titulado “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”. El compromiso político adquirido por los Estados Miembros en 2005 está profundamente arraigado en el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio.

Aquellos “cuatro crímenes mencionados” son el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Todos se vinculan directamente con la fundación del Estado argentino y con otros pasajes más recientes de su historia, aunque los primeros en perpetrarse por orden cronológico permanecen impunes. La responsabilidad que incumbe a los Estados conlleva a la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias.

Enorme paradoja, la Argentina adhirió a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1956, cuando gobernaba el país un régimen de facto, aquel que se consideraba a sí mismo la Revolución Libertadora. Llama poderosamente la atención que 60 años después, nadie reparara en la necesidad de que pasara por el Congreso el decreto Ley 6.286. Pero las obligaciones que de la norma emanan, están vigentes.

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