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¿Este es el Poder Judicial que hace falta en la Argentina?

A la memoria hay que ayudarla, sobre todo, en un país como la Argentina, que no se caracteriza por su ejercicio. En 1996 y después de alejarse de su cargo de ministro de Economía, Domingo Cavallo confió que uno de los hombres fuertes del menemismo, Carlos Corach, había anotado en una servilleta la nómina de los jueces federales con quienes el entonces presidente podía contar para rodearse de impunidad.

Desde entonces, la expresión se popularizó y se generalizó como “los jueces de la servilleta”. ¿Adivine quién figuraba en la nómina? Efectivamente… Claudio Bonadío había sido designado dos años antes, en pleno festival de privatizaciones, concesiones y claudicaciones escandalosas que muy poco se investigaron en el Poder Judicial de la Argentina. Más de dos décadas después, el magistrado insiste en trabajar de manera funcional al gobierno de turno.

De los que están en actividad, es el que más denuncias recibió en el Consejo de la Magistratura, organismo que, claro, desestimó una tras otra. Ocurre que ese “instituto” se conforma por una mayoría de jueces, diputados y senadores nacionales, con minorías de un académico, dos abogados y un representante del Poder Ejecutivo. Su funcionamiento corporativo no debe asombrar a nadie.

El Consejo de la Magistratura ejerce su poder a la hora de nombrar jueces y al manejar asuntos disciplinarios, a los que impulsa para condicionar magistrados o congela para protegerlos, según sople el viento político. No siempre Bonadío fue acérrimo perseguidor del kirchnerismo: supo sobreseer a dos ex secretarios privados de Cristina acusados de enriquecimiento ilícito e hizo otro tanto a favor de Guillermo Moreno en un expediente por “hostigamiento” contra el Grupo Clarín.

Pareciera que, desde entonces, mediara una eternidad y, una vez más, el juez mostró su permeabilidad ante quien ejerza el poder, con el punto culminante del viernes. Pero en este caso, cruzó un umbral al intentar que se convierta en asunto del Poder Judicial una decisión política del entonces Poder Ejecutivo, que contó con el respaldo del Legislativo.

Quien lea con atención estas columnas advertirá que poca o ninguna simpatía profesan hacia el gobierno anterior, pero la conducta del magistrado adquiere una gravedad institucional quizá nunca vista desde que retornó la democracia. Nos puede caer más o menos simpático Irán, incluso se pueden discutir las tratativas que llevó adelante la gestión K, pero suponer que alguien puede ir a prisión por actos de gobierno tiene mucho de intolerancia.

Por otro lado, la decisión de Bonadío de ordenar detenciones que, a todas luces, inspiran arbitrariedad y de pedir el desafuero de una senadora que fue electa muy recientemente por el voto popular, fue casi simultánea a la determinación del gobierno estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La última temeridad de Donald Trump ya generó la profundización de la tensión en Oriente Medio. ¿Casualidad o línea directa?

Exista comunicación o no entre el gobierno de Cambiemos y el juez vedette, en los hechos, sus órdenes aportaron distracción en la opinión pública, mientras el oficialismo asume que tiene dificultades para imponer sus proyectos de reformas previsional, laboral y fiscal en el Congreso. También sirven para poner en segundo plano la crisis que abrió el hundimiento de un submarino de la Armada, hecho que puso al desnudo los límites que padece el elenco gobernante en todo ámbito que no sea el económico.

De manera simultánea, mientras el Poder Judicial sólo parece tener ojos para desentrañar el trabajo de los funcionarios del período anterior, de las causas en las que están denunciados los actuales –inclusive el presidente- poco y nada sabemos (recuérdense los Panamá Papers). Esa discrecionalidad cuenta con el inestimable aporte de los grandes medios de comunicación, muy efectivos a la hora de demonizar a ciertos protagonistas de la política y de angelizar a otros.

Quizá no esté de más recordar que de los tres poderes en que se divide el accionar del Estado en las formas republicanas, el Judicial es el único ajeno al voto popular en la Argentina. Precisamente, el gobierno anterior intentó avanzar con una reforma que no prosperó pero, más allá de sus pormenores, traigamos a colación que, en Estados Unidos, buena parte de los jueces proviene del veredicto de las urnas…

Ese debate daría para largo, pero en la Argentina la expresión culminante de los privilegios se expresa en la Corte Suprema de Justicia, donde los integrantes son poco menos que vitalicios, sus sueldos poco tienen que ver con la equidad y, además, no pagan Impuesto a las Ganancias. Para llegar allí, sólo hace falta una designación presidencial con acuerdo del Senado. Que este evidente atropello sirva para discutir qué Poder Judicial hace falta en la Argentina del siglo XXI.

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