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No es un déjà vu

Al día siguiente de imponerse la alianza que preside en las elecciones de octubre, el presidente Macri anunció que se venían importantes reformas. La presentación de los proyectos no se hizo esperar y después de unas pocas semanas de debate, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias, evidencia del apuro que tiene para llevar a la práctica los cambios que concibe en los rubros laboral, tributario y previsional.

Desde ya, las tres “reformas” forman parte de un programa económico que en la lógica del gobierno, busca crear empleo y achicar el gasto público. Las modificaciones en el ámbito laboral y en el tributario persiguen reducir los “costos” empresariales, es decir, aumentar la rentabilidad de los empleadores, a la vez que flexibilizar las condiciones de trabajo para los asalariados. Por su parte, la Casa Rosada prevé menos erogaciones en jubilaciones y pensiones.

En el discurso gubernamental, la reforma laboral apunta a “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas”. Detrás de los eufemismos, se esconden algunos avances contra los derechos de los trabajadores, entre ellos, la reducción en las indemnizaciones.

Si prospera la iniciativa oficialista, éstas se calcularán sobre el básico de la remuneración y ya no sobre el conjunto, que normalmente la excede. Con la nueva norma, se creará un fondo que financiará el empleador en conjunto con el empleado para afrontar indemnizaciones. En la práctica, los críticos de la innovación prevén que las compensaciones por despido irán a disminuir y que en consecuencia, perderán el carácter disuasorio que dificulte la decisión de despedir.

Por otro lado, la jornada laboral podrá extenderse a 10 horas sin el pago de horas extras, cuando en la actualidad se reduce a 8 horas. Como contrapartida, se instituirá un “fondo de horas”, a partir del cual el empleador debería compensar las horas que los trabajadores trabajaron de más. En el ámbito jurídico, quedará sin efecto la responsabilidad solidaria de la empresa principal: ante problemas en una actividad “tercerizada”, el trabajador sólo podría iniciar juicio a la empresa contratante, ya no a la que usufructúa su labor.

Por su parte, la reforma tributaria también apunta a reducir más los costos de las empresas a través del achicamiento de determinadas cargas impositivas. Si bien prevé la creación de nuevos impuestos, el saldo será negativo para el Estado como agente recaudador. En primera instancia, se prevé la reducción de aportes patronales, es decir, el monto que los empresarios dirigen hacia la seguridad social para sostener las jubilaciones.

En la misma sintonía, se procura una reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas en el caso en que éstas reinviertan sus utilidades. Además, se eliminará progresivamente el impuesto al cheque. Si bien finalmente se crearán nuevos impuestos a las cervezas y a la renta financiera, su impacto recaudatorio no irá a emparejar la disminución que experimentarán las cuentas públicas a partir de las otras modificaciones.

Y si sucediera finalmente la aprobación de la reforma previsional, el resultado pondría también en apuros al ANSES. Este es el organismo que se encarga de pagar las jubilaciones y las pensiones, y sufrirá una merma en sus ingresos al reducirse los aportes patronales. Además, tampoco ingresará a sus arcas el 20 por ciento proveniente del Impuesto a las Ganancias, que de ahora en más pasará a las provincias.

Como compensación, se pensó que de ahora en más perciba el 100 por ciento del Impuesto al Cheque pero la reforma impositiva prevé su eliminación gradual en un plazo de cinco años. Según algunas estimaciones, cuando queden establecidos todos los cambios que deriven de las tres reformas, la ANSES habrá resignado recursos equivalentes al 2,5 por ciento del PBI, magnitud que es sencillamente una enormidad.

El gobierno argumenta que con sus tres iniciativas logrará atraer mayores inversiones, tanto de origen nacional como foráneo, para alcanzar niveles superiores de empleo. Parte de la premisa que en la actualidad, los empresarios no invierten como el Palacio de Hacienda querría a raíz de los altos costos laborales y la rigidez en la Ley de Contratos de Trabajo. No es un “déjà vu”, efectivamente son los mismos argumentos que escuchamos en los 90.

En aquel período de triste memoria, se aplicaron medidas de características similares: rebaja de contribuciones patronales, reducción de indemnizaciones e introducción en la economía de formas de contratación más laxas, es decir, la flexibilización. El resultado no fue el que se anunciaba: entre 1991 y 2001, el desempleo pasó del 6,5 por ciento al 17,4 por ciento. Que la historia no se repita.

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