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¿Para qué libre comercio con la UE?

A pesar de los denodados esfuerzos de sus respectivos gobiernos, la Argentina y Brasil no pudieron celebrar un tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, como era su intención. Las conversaciones bilaterales entre los dos bloques llevan 22 años sin que pueda avanzarse aunque al parecer, la historia llegará a su fin durante el primer trimestre del año que acaba de comenzar.

Tanto Brasilia como Buenos Aires aspiraban a compartir novedades durante la reciente cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebró en la segunda de las capitales, pero no fue posible. Si bien las conversaciones ya inspiran desconfianza porque abundan en secretismo y carecen de transparencia, hubo una pista al celebrarse la reunión de presidentes del MERCOSUR en Mendoza, cuando el uruguayo Tabaré Vázquez expresó: “es el turno de la Unión Europea. Que quede claro… Que no se responsabilice a este bloque de poner obstáculos para llegar a ese acuerdo”.

Mientras a escala global implica un dolor de cabeza para los partidarios del libre comercio el proteccionismo que ensaya y pregona Estados Unidos, a partir del retorno neoliberal en sus socios más importantes, el MERCOSUR apuesta a más apertura y “salida al mundo”. A ojos de la UE y precisamente, a partir de la frustración del entendimiento con Washington, el bloque sudamericano implica un mercado de 260 millones de potenciales consumidores.

Sin embargo, Bruselas mira un tanto más allá y concibe al MERCOSUR como una plataforma para que sus trasnacionales puedan proyectarse hacia otras direcciones de la región. Las negociaciones incluyen temas “nuevos”, entre ellos, la propiedad intelectual, la exportación de industrias y liberalización de servicios financieros, educativos y de salud.

Los términos son duros para varios sectores de la industria, entre ellos, las automotrices, el calzado, el textil, química y petroquímica. También se prevé una presión extractiva sobre los recursos primarios. En su apuro por arribar al acuerdo, tanto la Casa Rosada como Planalto aceptaron nuevas imposiciones, como la imposibilidad de modificar aranceles de importación e inclusive, de restablecer derechos de exportación aunque los precios internacionales sean altos. Los dos países se abstendrían así de procurar incrementos por esa última vía en la recaudación fiscal.

Según trascendió, nuestros países también aceptaron en forma un tanto amplia los criterios de “indicación geográfica” que requirieron los europeos, como en los casos del champagne y el queso parmesano. Si existieran disputas, se resolverán fuera de los tribunales nacionales, a través del mecanismo de arbitraje externo. Además, el último borrador del acuerdo garantiza la liberalización de los movimientos de pagos y capitales.

De prosperar el acuerdo con la UE, se liberalizaría el sector servicios, entre ellos, el financiero y el de los seguros. Las empresas europeas recibirían el mismo status de “trato nacional”. Por otro lado, se abriría el mercado para compras públicas, cláusula que haría perder significado a la nueva ley de “Compre Argentino” que se aprobó sólo semanas atrás. En forma simultánea, las adquisiciones del Estado se vincularían con el requerimiento de que las convocatorias y tramitaciones se hagan de forma electrónica.

A pesar de tantas exigencias de la UE y concesiones por parte del MERCOSUR, la reticencia en el primero de los bloques encuentra a la cabeza a Francia, Irlanda y Polonia, quienes junto a otros siete países, no quieren saber nada con ceder en el rubro mercados para productos agrícolas. Precisamente, que las negociaciones se estiren por más de dos décadas tiene que ver con la reticencia de los europeos a que ingresen a sus mercados los productos agroalimentarios argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos. Cabe recordar que en sus respectivos países, los agricultores cuentan con subsidios estatales.

La estrategia argentino-brasileña es un tanto temeraria porque la apuesta por la liberalización irrestricta no tiene tanta buena prensa como en los 90. Las propias prácticas estadounidense y europea evidencian que los acuerdos comerciales multilaterales están en retroceso. Hay que recordar que la Casa Blanca retiró a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), al cual el gobierno de Cambiemos estaba ansioso por ingresar antes de la ida norteamericana.

Por su parte, no hace falta invertir demasiada tinta en demostrar el histórico afán proteccionista de la Unión Europea. De ahí que impulsar desde casa el liberalismo mientras las contrapartes se atrincheran en el proteccionismo, parece un tanto inepto. Los riesgos que se corren son enormes y las ventajas a obtener resultan mínimas. En la Argentina, lo saben la Unión Industrial y los grandes sindicatos que precisamente, agrupan a los trabajadores del sector fabril. De ahí que los cuestionamientos encuentren juntos a sectores que usualmente están enfrentados en la política doméstica. Firmar en estas condiciones sería instrumentar nuevas formas de exclusión social.

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