Facundo Jones Huala comenzó en la prisión de Chile una huelga de hambre seca que ha definido como “de carácter indefinido”.

En un comunicado de tono claramente belicista, firmado por el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP), la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM, cuyo líder es quien está detenido en el país trasandino) y las que se definen como comunidades en resistencia del Departamento de Cushamen, se indica que la medida responde a que el prisionero hoy debería haber sido liberado, “según consta en los fallos y pedidos tanto de los tribunales chilenos como argentinos”, según afirman.

Pero, ante las noticias recientes que hablan de que la condena finalmente se extendería hasta junio del año próximo, los firmantes consideran que “se estarían incumpliendo flagrante y dolosamente tratados internacionales jurídicos y diplomáticos vigentes entre ambos países y vulnerando todo derecho humano”.

“La detención es ilegal y carece de argumento, por lo que Gendarmería y el Estado de Chile serían los artífices del secuestro del lonko (jefe)”, sostienen.

“Dejar pasar dicha vulneración, dicho secuestro ilegal, es un grave antecedente, porque se iguala a permitir detenciones fuera de la ley”, afirman, para luego opinar que “los tribunales y el poder político, cómplices del poder real, al permitir dicho atropello, no hacen más que volver explícita la persecución y represión político jurídica y policial militar en territorio mapuche hacia los sectores más combativos, conscientes y revolucionarios de nuestra nación, en favor del poder económico”.

“La actual huelga, de carácter político, viene tanto a exponer el nivel represivo de los Estados opresores argentino y chileno, que se hayan al servicio de transnacionales y terratenientes, como a denunciar la total falta de garantías jurídicas, de condiciones carcelarias con pertinencia cultural, la vulneración de derechos a los presos políticos mapuches, a nuestros familiares y cercanos por parte de Gendarmería”, expresan.

Quienes suscriben manifiestan: “Los Estados deben reconocer la existencia del conflicto político y por lo tanto nuestra condición de presos políticos, además de valorar la intervención de organismos internacionales pertinentes en búsqueda de vías políticas para la solución del conflicto”.

“Si no existen garantías básicas en nuestros procesos judiciales ni en las condiciones de detención, incluso, y peor aún, si se suma el que no somos liberados al cumplir una condena, ¿se pueden concebir posibles soluciones políticas confiando en el winka (blanco)?”, cuestionan, y aseveran: “Esto no hace más que reafirmar nuestras tendencias y posiciones políticas antisistémicas, anticoloniales, anticapitalistas y antiestatistas”.

“No se puede confiar ni tantito en los winka opresores: la única vía es y será la confrontación, la batalla, la respuesta violenta a su terrorismo de Estado; sino respetan ni su ley ni sus tratados, si no hay garantías cuando nos encarcelan, menos aún se puede confiar en la devolución de tierras”, llaman a combatir, opinando que “lo único real, válido y digno es la acción directa mapuche”.

“Y quienes no tengan coraje para el weichán (lucha), al menos que no estorben”, concluyen.