En la lista de hechos aberrantes cometidos por la dictadura que asoló a Uruguay entre 1973 y 1985 se incluye el ensañamiento hacia personas trans. El imaginario de los perpetradores instalaba a estas, que se autopercibían por fuera de la heterónoma, como desestabilizadoras del orden natural.

Esta premisa colocaba a las diversidades sexuales como enemigas de la familia y del orden (patriarcal) establecido. La moral y las buenas costumbres permiten la violencia física, pero no las elecciones sexuales individuales.

La persecución moralizante se enfocó en las mujeres trans, a las que denominaban como “los travestis”. Tenía como propósito “limpiar los espacios públicos” (ya que la prostitución era legal pero solo en ámbitos privados), “instalar la idea de lo que está correcto y lo que no” y por último “recabar información sobre actividades delictivas y políticas”. El objetivo disciplinador era evidente: “Pensaban que con la violencia y la tortura nosotras íbamos a cambiar”.

Recién en el 2018 se pudo iniciar una recopilación pormenorizada de los padecimientos: arrestos en cualquier circunstancia y lugar, torturas físicas (golpes, picana eléctrica, submarino, violación) y psicológica. En el fichaje se los registraban como “pederasta pasivo”. Muchas de ellas eran menores.

Karina Pankievich se fue a los 13 años de Fray Bentos a Montevideo en 1976. Para sobrevivir empezó a ejercer el trabajo sexual en las calles. Sufrió “la represión, las palizas, las picanas, las violaciones… no había cosa que no se hiciera con nosotras”. Se escapó a Brasil y a la Argentina. Volvió en 1985 con la esperanza de hacer justicia. Se involucró en la defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de la verdad y en mejorar las condiciones de vida del colectivo trans, en especial con quienes tuvieran VIH/Sida.

Hoy preside la Asociación Trans de Uruguay (ATRU) y coordina la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans). Logró impulsar en 2018 la Ley Integral para Personas Trans que establecido entre otras cosas una pensión resarcitoria para las víctimas. En 2019 la nombraron Ciudadana Ilustre de Montevideo, desde entonces integra la Comisión Especial Reparatoria.

Ella convive con las secuelas de esos años violentos, pero supo cómo empezar a sanar estas heridas.