Al gobierno de Zimbabue no le gustan las protestas. El 13/5/2020 en Harare, capital de ese país, detuvieron a tres mujeres -amigas entre sí-, las llevaron a una comisaría y luego las subieron a un vehículo sin identificación, las encapucharon y terminaron fuera de la ciudad donde las metieron dentro de un pozo, las golpearon, agredieron sexualmente y las obligaron a beber orina humana. Luego de dos días recuperaron su libertad a 87 km de la capital. Sus ropas estaban destrozadas.

Internadas en el hospital, con hematomas y cortes, Joanah Mamombe, Netsai Marova y Cecillia Chimbiri, afiliadas al partido Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), fueron acusadas de varios delitos derivados de la protesta. Les pusieron guardias y policías para impedirles tener contacto con periodistas. Pasado un tiempo cuando les dieron el alta, se dispusieron a denunciar a sus atacantes. El 10/6/2020 volvieron a ser detenidas acusadas de inventar lo sucedido. Dos semanas después les dieron libertad bajo fianza. En enero del 2022 se inició el juicio contra ellas, la investigación del ultraje quedó en la nada. Tuvieron prohibido hablar con la prensa. Es evidente que esto es porque son opositoras al gobierno del presidente Emmerson Mnangagwa.
 
Amnistía Internacional denunció toda esta situación y pidió que se investigue la desaparición forzada y tortura contra estas tres activistas. En un contexto de hiperinflación las protestas se han incrementado así como la represión que no se limita a las calles sino también arresta a opositores en sus domicilios. Se los acusa de promover la violencia, alterar el orden público y la intolerancia. Deben avisarles a las autoridades con dos semanas de anticipación sobre cualquier reunión. 

En julio del año pasado fueron absueltas de todos los cargos. El gobierno sigue sin investigar lo sucedido, tampoco las acusaciones de abuso sexual contra el presidente y varios de sus ministros.