Durante más de diez años Rita Karasartova brindo asesoramiento legal a personas cuyos derechos no fueron respetados. En Kirguistán se restringen las manifestaciones, los periodistas y activistas sufren ataques en redes sociales y se los somete a juicios inconsistentes, hay leyes que impiden criticar al gobierno y a figuras públicas restringiendo la libertad de expresión, hay una creciente violencia de género -que pocas veces se denuncia y rara vez se condena al responsable-, las prisiones no cumplen condiciones mínimas y se han reportado muertos bajo custodia. 

En octubre del 2022 junto a otras veintiséis personas fue detenida por manifestarse contra un acuerdo fronterizo con Uzbekistán en donde se le cedía el control de una represa de agua potable. Solicitaban que se transparentaran los términos del acuerdo. Estuvo ocho meses recluida en una estrecha celda, sin atención médica, aislada, sin posibilidad de comunicarse con sus hijos, familiares y amigos. Hizo huelga de hambre y junto a la presión internacional logró que tenga arresto domiciliario en condiciones estrictas. 

Al poco tiempo el Ministerio del Interior intentó confiscar sus propiedades, el gobierno los incrimina en un nuevo cargo por intentar “derrocar al gobierno por medios violentos”. Tiene prohibido comunicarse con la prensa. Si la condenan, su encarcelamiento podría extenderse por 15 años.

Antes de su detención Rita trabajaba para el Instituto de Análisis Cívico, cuyo objetivo es observar el cumplimiento de los derechos humanos y el correcto nombramiento de los jueces. Ella además asesoraba en materia judicial a gobiernos locales. 

A sus 48 años sigue esperando su liberación definitiva en manos de jueces que responden al poder político de turno.